Veinte estados y Washington demandaron al Gobierno de Trump este lunes, alegando que retiene indebidamente cientos de millones de dólares destinados a ayudar a las víctimas de crímenes con el fin de obligar a los estados a cooperar con los esfuerzos federales de control migratorio.

Los estados, todos con fiscales generales demócratas, están pidiendo a un juez federal que anule las condiciones que el Departamento de Justicia ha establecido para recibir el dinero de las subvenciones, que se utiliza para ayudar a las víctimas de crímenes con cosas como facturas médicas, costos funerarios, asesoramiento, refugio de emergencia, líneas directas de crisis y apoyo legal.

Si las amenazas se concretaran, alegan los estados, estos se verían obligados a elegir entre cooperar plenamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o tener que reducir o cerrar esos programas.

“Este descarado intento de usar fondos que apoyan a nuestros residentes más vulnerables para forzar a California y a estados de todo el país a hacer el trabajo del gobierno federal está flagrantemente fuera del poder del presidente”, dijo el fiscal general de California Rob Bonda en un comunicado.

La demanda es la más reciente en una serie de batallas entre la administración y los estados individuales por la dura ofensiva migratoria de Trump.

Trump y su Departamento de Justicia han priorizado su trabajo para expulsar a inmigrantes que están aquí ilegalmente y desmantelar protecciones a nivel estatal y local, a menudo conocidas como políticas santuario.

La secretaria de Justicia Pam Bondi publicó una lista de lugares que tienen políticas santuario, que incluye 12 estados y Washington, 4 condados y 18 ciudades. El departamento también ha presentado varias demandas contra jurisdicciones santuario en un esfuerzo por obligarlas a cumplir con la aplicación de las leyes migratorias, incluidas demandas contra Illinois y Nueva York, Chicago y Los Ángeles.