Los datos incluyen el estatus migratorio de millones de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y la capital. La medida podría facilitar su localización, en el contexto de la ofensiva migratoria del Gobierno republicano.

Por Kimberly Kindy y Amanda Seitz - The Associated Press 

El Gobierno de Donald Trump proporcionó esta semana a los funcionarios encargados de llevar a cabo las deportaciones los datos personales –incluido el estatus migratorio– de millones de inmigrantes inscritos en Medicaid, una acción que podría facilitar la localización de personas como parte de su ofensiva migratoria.

 

Un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por la agencia The Associated Press muestran que funcionarios de Medicaid trataron sin éxito de bloquear la transferencia de datos, citando preocupaciones legales y éticas.

Sin embargo, dos altos asesores del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron que se entregara el conjunto de datos al Departamento de Seguridad Nacional, según los correos electrónicos.

El martes, los funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) dispusieron de sólo 54 minutos para cumplir con el mandato.

El conjunto de datos incluye la información de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y la capital Washington, D.C., todos los cuales permiten a los ciudadanos no estadounidenses inscribirse en programas de Medicaid que pagan sus gastos utilizando únicamente los fondos aportados por los contribuyentes estatales. Los CMS transfirieron la información justo cuando el Gobierno de Trump intensificaba sus esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias en el sur de California.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en un comunicado que estaba preocupada por cómo los funcionarios encargados de las deportaciones podrían utilizar los datos, especialmente cuando las autoridades federales realizan redadas de inmigración con la ayuda de tropas de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles.

“Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos”, se pudo leer en el comunicado. “Esta potencial transferencia de datos es extremadamente preocupante, y de ser cierta, potencialmente ilegal, sobre todo teniendo en cuenta los numerosos titulares que destacan el potencial uso indebido de información personal por parte del Gobierno y las acciones federales para manejar la información personal de los estadounidenses”.

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud, afirmó que el intercambio de datos era legal. Se negó a responder a preguntas sobre por qué se compartieron los datos con el Departamento de Seguridad Nacional y cómo se utilizarían.

“Con respecto al reciente intercambio de datos entre los CMS y el DHS, el HHS actuó totalmente dentro de su autoridad legal –y en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables– para garantizar que las prestaciones de Medicaid se reservan para las personas que tienen derecho legal a recibirlas”, añadió Nixon.

Los funcionarios del DHS no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Además de ayudar a las autoridades a localizar a los inmigrantes, según los expertos, el Gobierno también podría utilizar la información para frustrar las esperanzas de los inmigrantes que buscan la residencia permanente o la ciudadanía, si alguna vez han obtenido beneficios de Medicaid financiados por el Gobierno federal.

Direcciones, nombres y números de Seguro Social

Los CMS anunciaron a finales del mes pasado que revisaban a algunas personas inscritas en Medicaid de ciertos estados para garantizar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio”.

En una carta enviada a los funcionarios estatales de Medicaid, los CMS dijeron que el esfuerzo era parte de la orden ejecutiva de Trump, emitida el 19 de febrero y titulada “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”.

Como parte de la revisión, California, Washington e Illinois compartieron detalles sobre los ciudadanos no estadounidenses que se han inscrito en el programa Medicaid de su estado, de acuerdo con un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por la agencia AP. El documento fue redactado por varios funcionarios de los CMS bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes familiarizadas con el proceso.

Los datos incluyen direcciones, nombres, números de Seguro Social y datos de reclamaciones de los afiliados en esos estados, según el memorando y dos personas familiarizadas con lo que los estados enviaron a los CMS. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a compartir detalles sobre el intercambio de datos.

Los funcionarios de los CMS intentaron luchar contra la solicitud de entrega de datos del Departamento de Seguridad Nacional, diciendo que hacerlo violaría distintas leyes federales, como la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando de Vitolo.

“Múltiples autoridades federales estatutarias y regulatorias no permiten a los CMS compartir esta información con entidades fuera”, escribió Vitolo, explicando además que el intercambio de dichos datos personales solo está permitido para administrar directamente el programa Medicaid.

Compartir información sobre solicitantes o inscritos en Medicaid con funcionarios del DHS violaría una “política de larga data”, añadió Vitolo, un empleado de larda trayectoria, a Kim Brandt, nombrada por Trump, administradora adjunta y directora de operaciones de los CMS .

Vitolo y Brandt no pudieron ser contactados para hacer comentarios.

Los argumentos legales esbozados en el memorando no fueron persuasivos para los designados por Trump en HHS, que supervisa la agencia de Medicaid.

Cuatro días después de que se enviara el memorando, el 10 de junio, los funcionarios del HHS ordenaron la transferencia de “los datos al DHS antes de las 5:30 (hora del este) de hoy”, según los intercambios de correos electrónicos obtenidos por la agencia de noticias.

Exfuncionarios del Gobierno precisaron que la medida era inusual porque los CMS, que tiene acceso a los datos personales de salud de casi la mitad del país, no suele compartir información tan sensible con otros departamentos.

“El DHS no tiene ningún papel en nada relacionado con Medicaid”, agregó Jeffrey Grant, exempleado de carrera de los CMS.

Más allá de sus argumentos legales, Vitolo añadió que compartir la información con el DHS podría tener un efecto amedrentador en los estados, tal vez impulsándolos a retener información. Agregó que los estados debían protegerse del “riesgo legal” que corrían al facilitar a los funcionarios federales datos que podrían ser compartidos con los agentes de deportación.

Un hecho “preocupante”

 

Todos los estados deben proporcionar legalmente servicios de emergencia de Medicaid a los ciudadanos no estadounidenses, incluidos los que se encuentran legalmente en el país, pero aún no han cumplido los cinco años de espera para solicitar Medicaid.

Siete estados, junto con el Distrito, permiten a los inmigrantes que no viven legalmente en el país inscribirse –con todas las prestaciones– en el programa Medicaid de su estado. Los estados lanzaron estos programas durante la Administración Biden y añadieron que no facturarían al Gobierno federal para cubrir los costos de atención médica de esos inmigrantes.

La Administración Trump ha planteado dudas sobre esa promesa.

Nixon, el portavoz del HHS, indicó que los programas estatales de Medicaid para inmigrantes “abrieron las compuertas para que los inmigrantes indocumentados explotaran a Medicaid y obligaron a los estadounidenses trabajadores a pagar la factura”.

Todos los estados –California, Nueva York, Washington, Oregon, Illinois, Minnesota y Colorado– tienen gobernadores demócratas. Debido a los problemas presupuestarios de su estado, Newsom anunció a principios de este año que congelaría la inscripción en el programa; Illinois también cerrará su programa para unos 30,000 ciudadanos no estadounidenses en julio.

Los estados restantes –Nueva York, Oregon, Minnesota y Colorado– aún no han presentado los datos identificables a los CMS como parte de la revisión, de acuerdo con un funcionario de salud pública que ha revisado las peticiones de los CMS a los estados.

Los funcionarios de salud del Distrito, Washington e Illinois no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La oficina de Newsom señaló en su comunicado que el intercambio de datos tiene “implicaciones para todos los californianos, pero es especialmente preocupante para las comunidades vulnerables”.