Un juez federal en Kentucky bloqueó una normativa impulsada por el gobierno de Joe Biden que buscaba otorgar a trabajadores agrícolas temporales con visas H-2A, principalmente de origen mexicano, el derecho a sindicalizarse y nuevas protecciones legales. La decisión, que responde a una demanda interpuesta por agricultores de Kentucky y fiscales generales de ese estado, junto con los de Ohio, Virginia Occidental y Alabama, limita el alcance de la normativa únicamente a estos cuatro estados.

La normativa propuesta por el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) buscaba proteger a los trabajadores temporales de represalias, condiciones laborales inseguras y prácticas de reclutamiento ilegales. Sin embargo, el juez Danny Reeves dictaminó que estos cambios requerían la aprobación del Congreso, y calificó la acción del DOL como inadecuada dentro de su marco legal.

El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, celebró el fallo al considerar que la normativa era “ilegal e innecesaria” y argumentó que habría impuesto cargas adicionales a los agricultores. Según Coleman, permitir que los trabajadores temporales participen en negociaciones colectivas habría generado costos insostenibles para los productores locales, poniendo en peligro sus operaciones y el suministro de alimentos en el estado.

Desde su creación en 1986, el programa H-2A permite a los agricultores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros de forma temporal cuando no se encuentran ciudadanos estadounidenses disponibles para cubrir dichas vacantes. Según los demandantes, la normativa propuesta habría alterado el equilibrio del programa al introducir regulaciones adicionales que complicarían su implementación.

Si bien el fallo bloquea la aplicación de las nuevas reglas en los estados demandantes, no establece un precedente a nivel nacional, lo que limita el alcance de la medida. No obstante, organizaciones de defensa de los derechos laborales han advertido que esta decisión podría sentar las bases para mayores restricciones en el futuro y debilitar las protecciones para los trabajadores temporales en otras partes del país.

El Departamento de Trabajo no ha emitido comentarios sobre los próximos pasos tras la decisión, pero el fallo destaca las tensiones continuas entre los intereses de los agricultores y las iniciativas gubernamentales para garantizar condiciones laborales justas para los trabajadores migrantes.