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lunes, abril 6, 2020

Claves sobre la nueva norma sobre “carga pública” para solicitantes de “tarjetas verdes”

La Administración Trump adelantó hoy su controvertida norma sobre “carga pública” con la que negaría las “tarjetas verdes” y visas temporales a personas que soliciten o reciban ciertos servicios de asistencia pública, como subsidios de vivienda, “Medicaid”, cupones de comida o cobertura de medicinas bajo el programa “Medicare”.

La norma definitiva, contenida en un documento de más de 800 páginas,  ya había sido sometida a un período de comentarios públicos por 60 días que concluyó en diciembre pasado.

Al igual que entonces, volvió a enfrentar hoy una fuerte condena de grupos cívicos en todo EEUU, que la tacharon como una medida discriminatoria que pretende excluir a los pobres y reducir la inmigración legal en Estados Unidos.

De hecho, grupos pro-inmigrantes como el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, por su sigla en inglés), preven impugnar la norma en los tribunales, lo que augura una extensa batalla legal que puede llegar hasta el Tribunal Supremo.

En declaraciones a los periodistas desde la Casa Blanca, el director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés), explicó que la medida fomenta la “autosuficiencia” de los inmigrantes, pero los activistas replicaron que es una medida “cruel” que tendrá graves consecuencias para familias de escasos recursos.

 

A continuación, las principales claves para entender la norma de “carga pública” y su impacto nacional:

 

¿Qué es  “carga pública”?

 

Desde al menos 1882, el gobierno de EEUU ha querido evitar la entrada al país de personas que puedan ser una “carga pública”, es decir, que reciban ciertos servicios de asistencia pública financiados por los contribuyentes.

El gobierno incluyó el concepto de “carga pública” en el “Acta de Inmigración y Nacionalidad” de 1952, que estipuló además que las personas ya instaladas en EEUU y que reciban beneficios públicos podrían ser sujetas a la deportación, o se les podría negar la entrada al país si no podían demostrar solvencia económica.

En la década de 1990, la Administración Clinton modificó la ley al precisar que la “carga pública” aplicaría solo a personas que reciben asistencia financiera bajo programas como el de “Asistencia Temporal para Familias Necesitadas” (TANF, por su sigla en inglés).

En la actualidad, quienes han tenido la residencia permanente o “green card” por al menos cinco años consecutivos pueden solicitar beneficios públicos una vez que ha pasado ese período.

 

¿Qué ha cambiado respecto a la ley actual?

 

El gran cambio respecto a la ley actual es que la Administración está ampliando drásticamente la definición de quiénes son o podrían ser una “carga pública”, de manera que más personas de bajos recursos tengan que escoger entre obtener su residencia permanente y perder acceso a servicios de beneficencia pública.

Los solicitantes de “green card” también tendrán que demostrar conocimiento del idioma inglés, y afrontarían mayores trabas si sufren de condiciones médicas que requieran de extensos y costosos tratamientos médicos.

Bajo el nuevo reglamento, el término “carga pública” se aplicará a cualquier individuo que recibe al menos un beneficio público durante más de doce meses en un periodo de tres años.

 

¿Qué servicios estarán incluidos en la nueva definición?

 

Con el nuevo reglamento, el gobierno federal tomará en cuenta si los solicitantes de la residencia permanente reciben ayudas como cupones de comida, subsidios de vivienda bajo el programa “sección 8”, y cobertura de medicinas recetadas bajo el popular programa de “Medicare” para ancianos, jubilados y discapacitados.

La norma también afectará a quienes reciban ayuda de los programas de “Ingreso de Seguridad Suplementario” (SSI), “Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF), y la mayoría de beneficios bajo “Medicaid”.

 

¿Qué beneficios no están incluidos en la norma?

 

Según USCIS, el reglamento excluye los beneficios públicos destinados a individuos en servicio activo en las Fuerzas Armadas, y sus cónyuges e hijos, y excluye también a ciertos niños en proceso de adopción internacional y a niños que tramitan su ciudadanía.

Tampoco afecta a mujeres embarazadas y niños extranjeros menores de 21 años que reciben “Medicaid”, ni los servicios de emergencia médica bajo ese programa.

 

¿A cuántas personas afectará la nueva norma?

 

No hay una cifra exacta de cuántos solicitantes estarán afectados por la norma, pero el Instituto Urbano advirtió el año pasado del efecto disuasorio que ésta podría tener entre familias inmigrantes.

Según ese centro de estudios, hasta 6,8 millones de niños inscritos en el programa “Medicaid”, para personas pobres, y el “Programa de Seguro de Salud para Niños” (CHIP, por su sigla en inglés), tienen padres no ciudadanos.

En 2016, casi la mitad de niños nacidos en EEUU a padres extranjeros residió en California (2,6 millones), seguidos por Texas (1,6 millón), y Nueva York (733,000).

A nivel nacional, uno de cada cinco niños inscritos en “Medicaid” y “CHIP” eran niños ciudadanos con padres extranjeros, indicó el estudio.

Según los activistas, aún cuando las familias latinas reúnan requisitos para servicios no afectados por la norma, es muy probable que éstas los rechacen para no afectar sus trámites migratorios o no poner en riesgo su estancia legal en el país.

 

¿A quiénes no aplica la nueva norma?

 

La Administración Trump ha dicho que la norma no aplicará a ciudadanos estadounidenses, aún si éstos están relacionados con un extranjero que tiene que pasar la prueba de “carga pública” para ser aceptado en EEUU.

Tampoco aplicará para solicitantes de asilo o refugio, ni a extranjeros u otros individuos vulnerables amparados a una exención aprobada por el Congreso, entre éstos los jóvenes designados como “Jóvenes Inmigrantes Especiales” (“Special Immigrant Juveniles”, SIJs), víctimas de tráfico de humanos con visas “T” y “U”, o víctimas de violencia doméstica amparadas a la ley federal “VAWA”.

 

¿Cuándo entrará en vigor?

 

La nueva norma será publicada en el diario oficial del gobierno (Federal Register) el miércoles próximo, y entrará en vigor el próximo 15 de octubre.

 

¿Tendrá que intervenir el Tribunal Supremo?

 

El Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, por su sigla en inglés), ya adelantó hoy que impugnará la norma en los tribunales, como lo ha hecho contra otras medidas migratorias de la Administración Trump.

Una veintena de estados, entre ellos California, Maryland, Washington, y Nueva Jersey, también han condenado la medida y no descartan sumarse a una demanda.

La extensa batalla legal podría llegar ante el Tribunal Supremo, por lo que no está claro que la medida entre en vigor en octubre, como prevé la Administración.







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