Un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C. decidió mantener suspendida la política de deportaciones rápidas impulsada por la administración del presidente Donald Trump, generando un nuevo capítulo en el debate migratorio de Estados Unidos. La medida, restablecida en enero de este año, buscaba expulsar de manera inmediata a inmigrantes indocumentados que no pudieran demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, sin otorgarles audiencia previa.

La corte determinó que el sistema vulnera el debido proceso, al impedir que los migrantes presenten pruebas de su permanencia o disputen su elegibilidad. Según el fallo, esta práctica podría derivar en expulsiones erróneas o injustas, afectando a personas que nunca habían estado sujetas a procedimientos de deportación acelerada. La decisión se suma al pronunciamiento de una corte inferior que ya había bloqueado la política, señalando que priorizaba la rapidez sobre la justicia.

El programa de “expulsión inmediata” fue diseñado para agilizar los procesos migratorios y reducir la carga en los tribunales de inmigración. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles han advertido que la medida representa un riesgo significativo para la libertad y los derechos de los migrantes, al eliminar garantías básicas de defensa. La suspensión temporal mantiene vigente el sistema anterior, en el que los inmigrantes tienen derecho a audiencias y a presentar documentación que respalde su permanencia en el país.

La resolución del tribunal de apelaciones no significa el fin del litigio, pero sí marca un freno importante a la estrategia migratoria de la administración Trump. Mientras tanto, el debate continúa en los tribunales y en la esfera pública, donde se confrontan visiones opuestas sobre seguridad fronteriza y derechos humanos. El futuro de esta política dependerá de las próximas decisiones judiciales y del rumbo que tome la discusión legislativa en torno a la inmigración.