La reciente decisión de la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly marca un precedente significativo en la defensa de la privacidad tributaria en Estados Unidos. El fallo bloquea al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y le prohíbe compartir información confidencial de contribuyentes con la agencia de inmigración ICE, una práctica que había sido impulsada durante la administración de Donald Trump.

La resolución surge tras comprobar que el IRS modificó de manera abrupta su política de confidencialidad, permitiendo la entrega de direcciones y datos personales de miles de personas sin cumplir con los requisitos legales establecidos. Según el tribunal, la agencia no justificó adecuadamente el cambio, no evaluó las consecuencias y violó la normativa que protege la información fiscal de los ciudadanos y residentes.

Durante el periodo en que se aplicó esta política, ICE solicitó datos de más de un millón de contribuyentes con el objetivo de facilitar procesos de deportación. Organizaciones de defensa de inmigrantes denunciaron que esta práctica vulneraba la confianza en el sistema tributario y exponía a comunidades enteras a riesgos indebidos. La jueza coincidió en que el uso de información fiscal para fines migratorios contraviene la ley y representa un peligro para la integridad del sistema.

El fallo no solo detiene la colaboración entre el IRS e ICE, sino que también reafirma el principio de que la información tributaria debe permanecer protegida y utilizada exclusivamente para fines fiscales. Con esta decisión, se refuerza la idea de que la confidencialidad es un pilar fundamental para garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones sin temor a que sus datos sean empleados en procesos ajenos al ámbito impositivo.

La medida es considerada una victoria para los defensores de los derechos de inmigrantes y un recordatorio de que las agencias gubernamentales deben actuar dentro de los límites legales al manejar información sensible.