Siete claves para entender propuesta sobre “carga pública” y su efecto en trámites migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha difundido una propuesta que, de ser implementada, afectará a inmigrantes que reciben ciertos beneficios públicos y que tengan en marcha trámites para “tarjeta verde” y otras visas temporales.

La propuesta de 447 páginas será publicada próximamente en el diario oficial (“Federal Register”), lo que iniciará un período de 60 días de comentarios públicos, seguido de un proceso de deliberaciones internas antes de su implementación.

Por ahora, no hay cambios en la política actual, y grupos cívicos y pro-inmigrantes en todo el país han prometido impugnar la propuesta en los tribunales.

A continuación, siete claves para entender el reglamento de “carga pública” y su impacto en ciertos trámites migratorios.  Esta información se apoya en el texto de la propuesta del DHS, que la agencia podría modificar tras el periodo de comentarios públicos.

 ¿Qué es “carga pública”?

EEUU ha usado el concepto de “carga pública” desde 1882 para negar el ingreso al país de ciertos inmigrantes.

Fue hasta 1999 que el gobierno federal emitió una guía para aclarar que las autoridades sólo tomarían en cuenta ayuda pública en efectivo –conocida en inglés como “cash-based income assistance”- incluyendo cupones de comida bajo el programa “SNAP”, y subsidios suplementarios del Seguro Social.

Las autoridades han usado complejas fórmulas para determinar el nivel de dependencia de los inmigrantes en esos programas.

¿A quiénes afectaría el nuevo reglamento?

El reglamento afectaría a personas que solicitan ingreso a EEUU o un ajuste de estatus migratorio a la “tarjeta verde”, con algunas excepciones.

La Administración Trump quiere ampliar la definición de “carga pública” para incluir a inmigrantes de bajos recursos que reciben uno o más tipos de ayuda pública, incluyendo cupones de comida, subsidios de la “sección 8” del programa de vivienda, cobertura bajo “Medicaid”, y cobertura de medicinas bajo la “parte D” del sistema de “Medicare”.

El reglamento establecerá rangos salariales para determinar si una persona es “autosuficiente” y no dependerá de la “muletilla” del gobierno para su sustento.

Así, los agentes de Inmigración tendrán amplia discreción para denegar la “tarjeta verde” u otras visas a personas que, por ejemplo, no demuestren que podrán mantener a sus familias, o proveerles cobertura médica.

El DHS calcula que 382,600 solicitantes de “tarjeta verde” y unos 517,500 solicitantes de visas temporales podrían ser sometidos al escrutinio de la “carga pública”,  pero la agencia no ha precisado cuántos se verían afectados.

Eso se debe a que el DHS analizaría las circunstancias de cada familia, incluyendo tamaño e ingreso salarial, nivel de educación y destrezas laborales, y además aplicaría una fórmula para determinar su nivel de dependencia en la beneficencia pública.

Es decir, entre más alta sea la dependencia, mayor el riesgo de que les sea negada una visa. En cambio, los que ganen al menos $62,750 anuales, muy por encima del umbral de pobreza en EEUU, tendrían mejores probabilidades de pasar la “prueba”.

Tal como lo ha propuesto el DHS, el reglamento no amplía la definición de “carga pública” para determinar la deportación de algún inmigrante que haya recibido esa ayuda.

¿Qué beneficios no estarían incluidos en la determinación para un ajuste migratorio?

El texto de la propuesta indica que los beneficios públicos directos no monetarios, como la educación pública, programas de desarrollo infantil, subsidios de transporte, y programas de empleo y capacitación laboral no se tomarán en cuenta para determinar si la persona es o no una “carga pública”.

¿A quiénes no afectaría el reglamento?

En principio, el reglamento no afectará a niños nacidos en EEUU que reciben beneficios públicos, sino únicamente a los padres que soliciten esa ayuda.

Tampoco afectará a residentes permanentes que han solicitado o tengan en trámite la ciudadanía estadounidense,  ni a refugiados, ni a personas con asilo político, ni a personas protegidas bajo la ley NACARA, la “Ley de Ajuste Cubano”, ni los que tienen o tramitan visas “T” y “U”.

Tampoco afectará a personas que renuevan su permiso de DACA o del “Estatus de Protección Temporal” (TPS) ni a personas que han solicitado visas especiales bajo el “Acta de Violencia contra las Mujeres” (VAWA).

Según el texto actual, la propuesta tampoco afectará a personas que estén renovando sus permisos o visas temporales.

¿Se aplicará de forma retroactiva a los que ya han solicitado ayuda pública?

Por ahora, el texto de la propuesta indica que el reglamento no se aplicará de forma retroactiva, es decir, no penalizará automáticamente a quienes recibieron beneficios públicos antes de su puesta en marcha.

Los activistas insisten en que las personas que califican para ayuda pública deben aceptarla, porque este reglamento no está en vigor.

¿Qué otros efectos tendrá el reglamento?

Como se tomará en cuenta el ingreso de la persona que solicite una visa para sí misma o un cónyuge, el reglamento tendrá el potencial de reducir considerablemente las visas familiares de inmigrantes de bajos recursos y bajos niveles de educación provenientes de México y el resto de América Latina o de Asia.

El reglamento, que en el pasado ha sido filtrado a la prensa en diversas versiones, ya ha infundido temor entre inmigrantes legales y ciudadanos naturalizados, que están rechazando beneficios públicos a los que cualifican por miedo a perder su estatus legal.

¿Cuándo entrará en vigor?

Bajo una ley federal, el DHS primero revisará todos los comentarios públicos sometidos durante un período de 60 días tras la publicación de la medida en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”).

Posteriormente, el DHS tiene que emitir el reglamento definitivo, con o sin cambios,  y será implementado 60 días después de su publicación el diario oficial.

 

 

Fuentes: NAKASEC, “Boundless Immigration”,  el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), y “EveryCRSReport”.