Las incursiones de inmigración están empezando a tener un impacto en las pequeñas empresas en Occidente, con algunos comerciantes sugiriendo un clima de miedo por mantener a los clientes lejos.

“Estamos viendo más casos de personas reacias a patrocinar las tiendas a las que iban”, dijo Mark Arabo, dueño del Mercado Internacional de Lulu de San Diego y ex presidente de Neighborhood Market Association, un grupo empresarial de alrededor de 2.000 pequeñas tiendas en California, Arizona y Nevada. “Es el miedo a la ICE y el miedo al gobierno”.

La Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ha llevado a cabo varias acciones de aplicación en el sur de California que han generado varios problemas, incluyendo la detención la semana pasada de un inmigrante mexicano que dejó a sus hijas adolescentes en la escuela por no poder recogerlas al estar siendo interrogado por la agencia anteriormente mencionada.

Lori Haley, portavoz del ICE, dijo en una respuesta escrita el lunes que agentes y oficiales especiales han hecho “arrestos criminales y administrativos todos los días en el transcurso del cumplimiento de su misión de mantener la seguridad pública”. Ella añadió: “Nuestras detenciones están dirigidas – no nos involucramos en barridos indiscriminados o incursiones”.

Aún así, las preocupaciones persisten entre los inmigrantes acerca de las acciones de aplicación de la ley y algunas empresas se han visto obligadas a despedir a los empleados para hacer frente a la caída de los negocios.

“Se ha disminuido, hasta ahora, entre el 20 y 30 por ciento las ventas”, dijo Arabo. “No es algo bueno para la economía, no es bueno para los empleos”.

Arabo dijo que la caída en los negocios se notó poco después de la inauguración presidencial de Donald Trump, que ha reprimido la inmigración.

Pedro Gómez, un trabajador indocumentado en una tienda en el Este de Louisiana, dijo a través de un traductor que ha habido una “preocupación creciente” de que las redadas de inmigración puedan dirigirse a su comunidad fuertemente inmigrante. “Se habla de la posibilidad de que las ​incursiones policiales lleguen a esta zona”. Además, Gómez dijo que el miedo está siendo impulsado por las preocupaciones de que los inmigrantes podrían ser blanco de la ICE si tienen alguna condena de delito menor en su registro. “Las personas que podrían tener condenas por delitos pequeños o casos menores en el tribunal están preocupadas por ser señaladas y ser deportadas”, concluyó Gómez, de 44 años.

Para proteger a los inmigrantes, algunas ciudades han comenzado a despenalizar los delitos menores. El mes pasado, el Ayuntamiento de Los Ángeles y el alcalde Eric Garcetti acordaron eliminar las sanciones penales para los vendedores ambulantes que operan sin permiso: “Despenalizar la venta ambulante es un primer paso humano y crítico para proteger a los Angelenos que trabajan duro y que están tratando de vivir honradamente y no deberían preocuparse por un récord criminal”, dijo el alcalde en un comunicado.

Sin embargo, la venta ambulante de alimentos sin permiso es ilegal en las partes no incorporadas del condado de L.A., que constituye más del 65 por ciento del territorio del condado.

Trump firmó una orden ejecutiva el 25 de enero dirigida al Departamento de Seguridad Nacional para contratar a 10.000 oficiales adicionales de inmigración. Su orden también otorga autoridad delegada para la aplicación de la ley de inmigración a las autoridades estatales y locales, aunque California ha resistido estos esfuerzos.


Trump ha amenazado con retener fondos federales de California, donde actualmente hay un proyecto de ley de “estado de santuario” , pendiente en la legislatura de California. La medida estatal prohibiría a las agencias estatales, departamentos policiales o la policía escolar a utilizar recursos para investigar, detener o arrestar a personas con fines de inmigración. El proyecto de ley ya ha aprobado el Comité de Seguridad Pública del Senado, aunque dos miembros republicanos se opusieron.

En general, California tiene un estimado de 2,3 millones de inmigrantes indocumentados, con poco menos de tres cuartas partes procedentes de México, según los últimos datos de Pew Research Center. Su investigación más reciente encontró que más del 80 por ciento de los inmigrantes no autorizados en Arizona eran de México.

La reputación del estado de las acciones de aplicación de la inmigración en el nivel local se derivan de los días en que el republicano Joe Arpaio era sheriff del condado de Maricopa y él sostuvo los barridos en negocios. Arpaio fue votado fuera de la oficina y substituido por un sheriff que ha tomado un perfil más bajo en persecución inmigratotia.