La Corte Suprema tratará este miércoles un caso que afecta a los derechos de los inmigrantes y puede determinar si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tiene o no derecho a detener y deportar a personas que cometieron un crimen, en muchos casos menor (por ejemplo, fumar marihuana), hace muchos años.

En mayo de 2013, agentes federales acudieron a la casa de Astrid Morataya, residente permanente con green card, para detenerla por un delito que había cometido 15 años antes, según informa la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Esta inmigrante hacía sido condenada por posesión de drogas a finales de los años 90, pero las autoridades migratorias esperaron 15 años a buscarla para deportarla. Morataya pasó dos años y medio luchando por evitar su deportación, encarcelada y separada de sus tres hijos estadounidense, sin posibilidad de comparecer ante un juez.

ACLU ha llevado su caso y el de otros inmigrantes ante la Corte Suprema (se llama Nelsen v. Preap) para cuestionar la interpretación que el Gobierno hace de la ley en la que se apoya para mantener encarcelados a aquellos para quienes tramita la deportación por tener antecedentes criminales.

El Congreso aprobó esta ley en 1996 para deportar a inmigrantes con antecedentes criminales sin devolverles en ningún momento del proceso la libertad para así evitar que pudieran reincidir. Sin posibilidad de comparecer ante un juez de inmigración, no tienen la posibilidad de que éste decrete que no son un peligro para la comunidad o les permita salir bajo fianza.

Pero, además, según denuncia ACLU, el Gobierno ha interpretado la ley para poder aplicarla a cualquier inmigrantes aunque hayan pasado años desde su detención y ya esté complemente reinsertado en la sociedad. La norma dicta que se puede aplicar “cuando el extranjero es liberado”; para ACLU, esto significa en el momento en el que sale de la cárcel tras cumplir su condena; para el Gobierno, esto significa en cualquier momento tras su liberación, aunque hayan pasado 15 años.

Así, lamenta ACLU, personas que nunca más han vuelto a reincidir, e incluso que fueron condenados por crímenes de poca entidad (posesión de marihuana, por ejemplo), y que se han convertido en pilares productivos de la sociedad, pueden ser deportados sin ni siquiera la posibilidad de presentarse ante un juez para contestar su caso. Y esto no afecta sólo a indocumentados, cualquier inmigrante con documentos legales puede verse afectado.

El caso será además de uno de los primeros que examine la Corte Suprema con Brett Kavanaugh como noveno juez, tras su polémico proceso de confirmación entre denuncias de abuso sexual. El tribunal tiene ahora cinco jueces conservadores (dos de ellos, nombrados por el presidente, Donald Trump), y cuatro progresistas.