En medio del alboroto por la represión de la administración Trump contra inmigrantes indocumentados es un cambio que llega al sistema de inmigración legal que se espera sea costoso tanto para las compañías estadounidenses como para el propio gobierno.

Cada año, aproximadamente a esta hora, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) reciben una oleada de solicitudes de visas H-1B: las de trabajadores con estudios universitarios. Las compañías con fines de lucro generalmente tienen una ventana de cinco días en abril para enviar solicitudes de nuevas visas al igual que los titulares de visas existentes comienzan a renovar las suyas.

La nueva ronda es que a principios de esta semana el USCIS suspendió el llamado “procesamiento de primas”, un programa que permitía a los empleadores pagar un suplemento para reducir los tiempos de espera de visas desde ocho meses a sólo dos semanas.

Los funcionarios han descrito el paro temporal como el resultado de una “oleada significativa” en la demanda para el servicio expedito pero en realidad, parece reflejar la propia mala gestión de la agencia y el desperdicio de recursos.

El USCIS ha asumido la mayor parte de los ingresos del programa acelerado de los últimos ocho años, unos US$2.300 millones en un intento fallido de digitalizar el sistema de inmigración, dejando recursos inadecuados para el personal de la institución: “No puedo creer que mi antigua agencia pudiera ser tan estúpida e imprudente y eso me enfurece”, dijo William Yates, un ex funcionario del USCIS que ayudó a crear el programa acelerado.

La agencia de inmigración ha suspendido ocasionalmente, en el pasado, el procesamiento de primas, pero el momento de esta suspensión, que se espera que dure hasta seis meses, es especialmente perjudicial. Unas 236.000 aplicaciones de H-1B llegaron en abril de 2016 y con esta cifra se busca prever cómo será la “movida” este mes.

La suspensión del servicio acelerado es probable que cause demoras para decenas de miles de solicitantes de visas nuevas, principalmente trabajadores de universidades u organizaciones de investigación, así como médicos extranjeros que reciben la H-1B a cambio de trabajar en áreas médicamente desatendidas, según datos de la USCIS.

Pero la interrupción ha alimentado preocupaciones sobre las intenciones de la administración Trump para el programa H-1B en general. Muchos beneficiarios de la visa H-1B son devorados por empresas de outsourcing y el presidente Trump prometió durante su campaña que se asegurará que los titulares de visas no estaban desplazando a los estadounidenses para sus empleos. En enero, un proyecto de orden ejecutiva encaminado a reprimir las visas de trabajo se filtró y aunque no se ha firmado, en la política esto se denomina rapidez. En los últimos días, el Departamento de Justicia y el USCIS han anunciado iniciativas para investigar el fraude y el abuso de visas H-1B y la agencia USCIS ha dicho que algunos programadores de nivel básico ya no pueden ser elegibles para dicha categoría de visas.

La suspensión del procesamiento de primas no afectará el número de visas H-1B emitidas, ni siquiera a las empresas de outsourcing, pero los críticos temen que los ingresos perdidos del programa extenderán los retrasos de digitalización de la agencia y así, perpetuarán los atrasos que llevaron a la paralización en primer instancia.

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