Iowa es oficialmente un estado en contra de las ciudades santuario. La gobernadora, Kim Reynolds, firmó este martes una nueva ley que prohíbe las llamadas “jurisdicciones santuarios” como parte del proceso de otras 16 nuevas leyes. La medida, que entrará en vigor el 1 de julio, prohíbe reducir la cooperación entre los uniformados locales y los agentes federales de Inmigración y por otra parte las ciudades pueden pedir fondos adicionales por cumplir con la medida ahora firmada.

Los dirigentes republicanos (que representan la mayoría política en la legislatura de Iowa) habían impulsado ley SF481 para “mantener la seguridad pública”, al exigir que todos los departamentos de policía y otras agencias del orden cooperen con las autoridades federales de Inmigración.

La ley establece que la policía ya no preguntará el origen nacional de una persona a menos que esa información sea relevante para una investigación criminal y exige que “las fuerzas del orden no consideren raza, color de piel, idioma hablado o nacionalidad” al cumplir con sus deberes.

Pero según Rita Bettis, directora de asuntos legales de la filial en Iowa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la nueva medida es “inconstitucional” porque “infringe el derecho constitucional de las personas de no ser detenidas sin orden judicial o causa probable”. “Los pedidos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a la policía local para que mantenga detenida a una persona son causa probable”, explicó Bettis. Por eso, dijo, la aprobación de la SF481 causa “profunda preocupación”.

El problema básico de la nueva ley, puntualizó la activista, es que no incluye excepciones para ciudades estadounidenses o residentes legales en el país, quienes podrían demostrar su ciudadanía o nacionalidad a la policía local sin necesidad de esperar la intervención de ICE.

“Nuestra constitución protege tanto a ciudadanos como a inmigrantes, incluyendo los indocumentados”, sostuvo la dirigente. Por eso, dijo, “estamos considerando todas nuestras opciones para combatir esta nociva ley”.

Este debate comenzó luego de que la municipalidad de Iowa City (con 75.000 personas y 10.000 inmigrantes) adoptase una resolución indicando que no destinaría recursos locales para hacer cumplir las leyes federales de Inmigración. La misma ordenanza indicaba que no se trataba de una “ciudad santuario” y que no se dejaría de cumplir con las leyes federales. Según el Buró del Censo, en Iowa residen unos 150.000 inmigrantes, quienes representan el 5% de los 3,1 millones de habitantes.