Es un arma mortal. Está prohibida. Pero sigue en las calles

** HOLD FOR STORY RELEASE WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2018, AT 3:02 A.M. EDT ** FILE - In this Oct. 4, 2017, file photo, a shooting instructor demonstrates the grip on an AR-15 rifle fitted with a "bump stock" at his 37 PSR Gun Club in Bunnlevel, N.C. What's happened to bump stocks in the year since Las Vegas? There were growing calls to ban bump stock devices in the immediate aftermath of the mass shooting on the Las Vegas strip. Some succeeded, but others did not. State legislatures dominated by Republicans have mostly resisted the change. The federal government has been studying possible action on the rapid-fire devices but has yet to make a formal proposal. (AP Photo/Allen G. Breed, File)

Cuando Jim Dattilio entró a su armería en Vermont el pasado 1 de octubre, supo que tenía que replantearse su negocio.

 

“Cuando llegué al trabajo esa mañana, no me sentí del todo bien mirando en la pared el inventario y el dinero que había invertido. Ahora no podemos hacer nada… (Mi negocio) sufrirá un duro golpe…”, aseguró a NBC 5.

Dattilio planea destruir o entregar su inventario de aceleradores de disparos que aún posee en su armería, Dattilio’s Guns & Tackle. De esta forma, se evitará problemas con la justicia. En Vermont es ilegal desde el 1 de octubre la venta, compra, posesión y fabricación de los bump stocks, como se conocen estos dispositivos en inglés, bajo sanción de un año de cárcel y multa de 1.000 dólares.

Los aceleradores de disparos permiten que un arma semiautomática funcione similar a una automática, facilitando que, con un solo toque del gatillo, todos los cartuchos se disparen hasta que se acabe el cargador. El dispositivo acoplado a la parte posterior del arma logra un rebote hacia adelante con cada disparo.

En un principio los bump stocks estaban destinados a ayudar a personas con discapacidades. De acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), se han vendido hasta 520.000 bump stocks (cada uno cuesta unos 200 dólares).

Modificar un rifle semiautomático es ilegal en el país. No obstante, acoplarle un dispositivo externo para variar su funcionamiento es totalmente permitido. La Ley de Protección de Propietarios de Armas de Fuego solo permite la venta de rifles automáticos si fueron fabricados o registrados antes de 1986. En estos casos, el traspaso tiene que ser aprobado por ATF.

Ahora, una regulación del Departamento de Justicia pretende sacarlos definitivamente de las calles. La medida prohibirá la fabricación, importación y posesión de estos dispositivos en la nación. También los actuales propietarios deberán entregarlos o destruirlos. Defensores del derecho a portar armas han criticado la regulación del Departamento de Justicia, aunque la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) afirmó que no luchará para impedir su promulgación.

El presidente, Donald Trump, anunció el 1 de octubre que la medida se encuentra en revisión y “en las últimas dos o tres semanas” entrará en vigor.

La batalla por prohibir el uso de los bump stocks cobró fuerza justo un año antes, cuando Stephen Paddock disparó desde el hotel Mandalay Bay de Las Vegas contra una multitud en un concierto de música country. Logró disparar 90 balas en 10 segundos tras acoplar aceleradores de disparo a sus rifles semiautomáticos. Mató a 58 personas.

Pero no fue hasta el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en la ciudad de Parkland en Florida, el 14 de febrero de 2018, donde fallecieron 17 personas, cuando se impulsó de forma definitiva la prohibición de los aceleradores de disparos, a pesar de que, el agresor, Nikolas Cruz no los había utilizado.

Trump ordenó en marzo al fiscal general, Jeff Sessions, que regulara estos dispositivos. El procedimiento para las regulaciones aprobadas por el Gobierno exige que estas deben ser sometidas primero a la opinión de la población: la propuesta, de 55 páginas, atrajo más de 193.000 opiniones hasta finales de junio en el sitio web de la ATF de acuerdo con el diario The Dallas Morning News.

De acuerdo con un informe aparecido en The Trace, cuando ATF anunció en diciembre la intención de reclasificar los aceleradores de disparos como armas de fuego, los detractores de una regulación representaban el 85%. Sin embargo, los simpatizantes aumentaron a un 73% después de la masacre ocurrida en Florida.

Las miradas se volcaron entonces hacia Slide Fire Solutions, el inventor y fabricante de los aceleradores de disparos. De acuerdo con Bloomberg, en 2010 sus ganancias fueron de más de 10 millones de dólares, distribuyendo más de 35.000 unidades. En 2017, ATF estimó las ventas en 75.000 dispositivos.

La presión social sobre el uso de los bump stocks y su inminente prohibición provocó que en abril Slide Fire Solutions cerrara su fábrica ubicada en Texas. Las ventas de su inventario continuaron hasta que en junio su página web también fue clausurada. En su sitio en línea, la compañía recomienda a los clientes comprar sus productos a RW Arms.

Gracias a la falta de regulación para comercializar los aceleradores de disparos por parte de ATF, RW Arms ha podido vender, sin licencia federal, el inventario adquirido de Slide Fire Solutions de acuerdo con un reporte publicado en The Trace. La compañía aprovechó la ocasión para vender sin permiso un pequeño número de rifles con los bump stocks acoplados. La situación despertó el interés de ATF por comenzar una investigación provocando más tarde el retiro de los rifles de su tienda en línea.

Ante la falta de acciones inmediatas por parte del Gobierno federal, 10 estados decidieron prohibir o restringir el uso de los bump stocks. También varias ciudades como Lincoln, en Nebraska y Deerfield en Illinois no han querido quedarse de brazos cruzados y han puesto en marcha leyes locales para impedir el uso a sus residentes.

Desde el 1 de octubre cuando se implantó la ley en Vermont, solo dos bump stocks fueron entregados a las autoridades, de acuerdo con declaraciones del portavoz de la policía estatal, Adam Silverman. Previamente, las autoridades habilitaron 10 centros para la recogida de los dispositivos.

La ley estatal ha sido además cuestionada por un grupo de propietarios de armas, que presentó una demanda argumentando que la legislación viola la Segunda Enmienda.

“Lo único que me entristece”, dijo Dattilio, “es que los ciudadanos respetuosos de la ley que compraron esos (bump stocks) ahora tienen que devolverlas y, al hacerlo, (el estado) no les va a dar lo que pagaron por ellas, lo que realmente es robar”.