Una mañana del pasado mes de octubre, Irlando se sentó encorvado sobre una mesa en el fondo de un palacio de justicia federal, buscando a un abogado designado por la corte para pedir ayuda. Los agentes de la Patrulla Fronteriza lo habían encontrado el día anterior, vagando por el desierto a 150 millas de distancia fuera de Lukeville, Arizona, y aún no se había duchado. Sus manos estaban negras de mugre y olía a sudor seco después de pasar casi una semana bajo el sol caliente.

Irlando había trabajado como camionero comercial en una ciudad al norte de la ciudad de Guatemala y huyó de su patria después de que una pandilla local comenzó a extorsionar a su compañía. Primero, mataron a los conductores cuando la compañía no pagó. Entonces los pandilleros mataron a su jefe, e Irlando decidió que tenía que escapar.

Un amigo le sugirió que tratara de pasar a través de México y entrar a Estados Unidos, donde podría ganar suficiente dinero para ayudar a mantener a su esposa y a sus cuatro hijos que dejaba atrás. Su hija menor tenía apenas dos meses de edad. Cuando la Patrulla Fronteriza lo recogió cruzando a Arizona, él sólo quería tomar un sorbo de agua. Pero ahora la realidad se estaba hundiendo: iba a ser deportado de regreso a Guatemala.

La abogada de Irlando, Eréndira Castillo, dijo que lo sentía, pero ninguno de sus antecedentes importaría al juez. No estaba en la corte de inmigración. Se enfrentaba a una acusación penal por cruzar la frontera ilegalmente y este juez no tenía autoridad para decidir si debía permanecer en el país o no. Todo lo que el juez vería es que fue arrestado mientras intentaba saltar la frontera y que tenía una condena anterior por intentar hacer lo mismo en Texas en 2013.

Irlando podría aceptar el acuerdo de la declaración de culpabilidad delante de él, que vino con una sentencia de 75 días de la cárcel, o él podría llevar su caso al juicio, donde virtualmente todos los demandados pierden y entonces hacen frente a dos años en la prisión. De cualquier manera, seguramente sería deportado después de su liberación.

Eran las nueve y media de la mañana, e Irlando necesitaba tomar una decisión antes de que comenzara la sesión esa tarde. Después de unos minutos de discusión, él tomó el trato, escrito en inglés. Castillo le tradujo verbalmente el documento antes de firmarlo: “¿No hay nadie que diga que estoy aquí tratando de salvar mi vida?”, le preguntó Irlando a su abogado. “Mi niña necesita tres botellas de leche cada semana. ¿Quién va a dárselas a ella?

“Es muy triste, pero así es”, respondió Castillo, dándole palmaditas en la rodilla.

Esta es muchas de las historias de personas que tratan de llegar a Estados Unidos por un mejor futuro. Se estima que hay más de 11 millones de indocumentados en el país y que, como van las cosas, serán devueltos uno a uno a sus países de origen a manera de indocumentados.

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