Demócratas exigen detalles sobre «trato secreto» con México al que aludió Trump

AP

El secretario interino del Departamento del Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, se negó hoy a explicar si hay o no un “trato secreto” con México para atajar la inmigración ilegal en la frontera sur, aunque admitió que ese país no podrá por sí solo resolver la crisis.

 

Durante una audiencia de casi 3 horas del Comité Judicial del Senado, McAleenan defendió las medidas de la Administración Trump contra la inmigración ilegal y culpó al Congreso de la inacción y escasez de recursos para hacer frente a la crisis.

La audiencia se produjo mientras continúan las interrogantes sobre el texto del acuerdo migratorio pactado el viernes pasado entre EEUU y México para reducir drásticamente la emigración ilegal desde Centroamérica.

Durante un intercambio con el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, McAleenan coincidió con éste en que el muro no será suficiente y que lo que México está haciendo “ayuda” pero no reemplaza la responsabilidad del Congreso.

“¿Entonces México no puede resolver este problema por sí solo?, preguntó Graham, a lo que McAleenan contestó con un simple “correcto”.

Más adelante, en un tenso intercambio con el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, McAleenan evadió corregir las afirmaciones que hiciera ayer el presidente Donald Trump en Twitter de que el acuerdo suscrito con México el viernes pasado contiene “un trato secreto”, algo que ya negó el gobierno de Los Pinos.

“Desde luego no voy compartir por adelantado algo a lo que se refería el presidente. El trato con México es una respuesta integral, y es más de lo que jamás hayamos tenido en lo que respecta al compromiso de México”, matizó McAleenan.

Criticado por Blumenthal por no compartir más detalles, McAleenan lo refirió a las declaraciones de Trump y “a la coordinación con el gobierno de México”.

“Creo que el mensaje (en Twitter) del presidente habla por sí solo y el anunció estará en su cuenta”, agregó McAleenan.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo ayer que el acuerdo migratorio será evaluado en 45 días y habrá un anuncio sobre posibles medidas adicionales para principios de septiembre próximo, incluyendo un posible sistema de asilo regional que implicaría a Naciones Unidas, a los países del «Triángulo del Norte» y a aliados como Brasil y Panamá, para “repartir la carga” del problema migratorio.

Ese plan, sin embargo, necesitará la ratificación del Senado mexicano.

México ha dejado en claro que se opone a ser un “tercer país seguro” en el que los migrantes puedan tener estancia legal en vez de continuar su rumbo hacia el Norte. Trump mantiene su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos.

Según McAleenan, EEUU tiene un acuerdo de “tercer país seguro” con Canadá, pero éste no aplica para quienes entran por puntos de control no establecidos.

Por otra parte, repitió que los contrabandistas se aprovechan de «las debilidades” de las leyes migratorias y “alquilan” a menores para ingresar a EEUU.

Según McAleenan, durante un programa piloto en el que se hicieron pruebas de ADN a 109 migrantes detenidos en la frontera, 17 eran familias “falsas”, o el equivalente del 15% de las familias bajo sospecha de la Patrulla Fronteriza.

McAleenan renovó su frustración de que el Congreso no ha reformado el sistema de asilo y tampoco ha aprobado la solicitud de gastos de emergencia suplementarios por $4.500 millones para la seguridad fronteriza.

De ese monto, $3.300 millones serían destinados para el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para el cuidado de menores no acompañados.

“Han pasado más de 18 meses desde que la Administración pidió correcciones legislativas que hubiesen prevenido la crisis, y 40 días desde que pedimos los fondos de emergencia para aliviar las condiciones” en la frontera, señaló.

McAleenan advirtió de que sin la ayuda del Congreso, la crisis “se agravará”, y reiteró su apoyo a una respuesta multifacética que incluya inversiones precisas para ayudar a los gobiernos de Centroamérica.

En ese sentido, confirmó que la Administración ha reactivado fondos para iniciativas contra la violencia de las pandillas y el fiscal general, Bill Barr, viajó a Centroamérica hace tres semanas para tratar el asunto.

Otros programas “están bajo revisión” porque EEUU quiere asegurar que logran resultados, dijo el funcionario, nombrado al cargo por Trump en abril pasado.

McAleenan llegó a la audiencia armado con las cifras de arrestos más recientes en la frontera sur, incluyendo a 60,000 menores que han pasado a custodia del DHS en los últimos 40 días, tanto niños no acompañados como aquellos que forman parte de familias.

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza en mayo pasado fueron más de seis veces la cifra de mayo de 2017, y los agentes ahora pasan más tiempo procesando y cuidando de los migrantes que vigilando la frontera, se quejó.

Además, repitió que las autoridades han detectado a más de 4,800 familias “fraudulentas” y “múltiples bandas de contrabandistas en las que los niños son utilizados en múltiples ocasiones por distintos adultos para ingresar al país”:

Sin embargo, McAleenan no pudo precisar cuántos niños han sido separados de sus padres en la frontera desde el 20 de junio de 2018, cuando Trump revirtió su política de tolerancia cero en la frontera sur.

McAleenan dijo que las autoridades separaron a diario a entre una y cinco familias, pero “sólo por la seguridad y bienestar del niño, cuando nos preocupa el abuso o negligencia, o si hay enfermedades contagiosas, alguna emergencia médica”, o historial criminal de los adultos.

Tampoco pudo ofrecer un cálculo de cuánto dinero tendría que invertir EEUU para reducir la inmigración ilegal en un 20%.

La audiencia fue convocada para evaluar una iniciativa promovida por Graham, que es prácticamente una “lista de deseos” de la Administración Trump, porque incluye cambios al proceso de asilo, la contratación de 500 jueces para reducir la montaña de casos en los tribunales de inmigración, la ampliación de 20 a 100 días en el tiempo que los niños pueden permanecer bajo custodia federal, y una mayor facilidad para deportarlos si pierden sus casos.

El Comité de Asignaciones del Senado prevé votar la próxima semana la solicitud suplementaria de la Administración para la vigilancia fronteriza, según indicó Graham.

El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, destacó que pese a las “fallidas” medidas de represión contra los inmigrantes que ha adoptado la Administración, la frontera sur “está menos segura que cuando Trump asumió el poder” en enero de 2017.

Según Durbin, la medida de Graham no detendrá a “las familias desesperadas que huyen hacia nuestra frontera” ni ofrece garantías de que los menores recibirán “un trato humano, o que estarán a salvo de la violencia si son deportados”.

En declaraciones a Noticias Telemundo, Bill O’keefe, vicepresidente de Misión y Movilización de Catholic Relief Services (CRS), criticó la expansión del programa “Quédate en México”, para que los solicitantes de asilo en EEUU aguarden la resolución de sus casos en ese país, porque éstos “carecerán de representación legal” ante los tribunales.

“Se verán obligados a ingresar a EEUU a través de lugares de alto riesgo para evadir a las autoridades. Para abordar la crisis humanitaria en nuestra frontera, necesitamos un enfoque integral que aborde las causas por las que las personas huyen”, puntualizó O´Keefe.