Aprueban medida que legaliza a «Dreamers» y «tepesianos». La legislación tiene pocas posibilidades en el Senado

WASHINGTON.— Bajo el nerviosismo colectivo de centenares de “Dreamers”, “tepesianos” y activistas apiñados en su galería, la Cámara de Representantes aprobó hoy una histórica medida que legalizaría a hasta 2.5 millones de inmigrantes indocumentados, en el primer voto de su tipo desde 2010.

 

Con 237 votos a favor y 187 en contra, los legisladores aprobaron la iniciativa, conocida en inglés como el «American Dream and Promise Act» de 2019, o “H.R. 6”, presentada el pasado 12 de marzo.

Solo siete republicanos se sumaron al «sí» de la medida. 

La medida «abre las puertas de oportunidades» a los «Dreamers» y servirá como «un puente de entendimiento» para una eventual «reforma migratoria integral», prometió la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en un emotivo discurso. 

Pese a que las reglas prohíben expresiones de apoyo o rechazo a medidas, los más de 200 inmigrantes y activistas  aplaudieron ruidosamente a Pelosi y a otros legisladores demócratas, y repitieron con gritos bilingües de «sí se puede» y «yes we can», cuando la iniciativa alcanzó el umbral de aprobación.

Los republicanos intentaron frenar el voto de la medida  pero su petición fue rechazada en una votación de 202-221, lo que también fue aplaudido por los activistas. 

La medida,  promovida por la legisladora demócrata por California, Lucille Roybal-Allard, cancela y prohíbe trámites de deportación contra los beneficiarios de la medida, que según el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP) totalizarían 2.5 millones.

Contrario al “Dream Act”  que la Cámara Baja aprobó en 2010 -que sólo abarcaba a 1.5 millones de jóvenes indocumentados-, esta legislación va más allá de legalizar a los “soñadores”, o jóvenes traídos ilegalmente a EEUU cuando eran niños.

Así, la medida ofrece una vía hacia la legalización a los “Dreamers” y a los “tepesianos”, dos grupos de inmigrantes indocumentados -de un total de aproximadamente once millones- bajo la mira del gobierno desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero de 2017.

También ampara a unos 4.000 inmigrantes de Liberia con deportaciones “diferidas” o suspendidas, en un proceso conocido en inglés como “Deferred Enforced Departure” (DED).

Bajo esta legislación, los “Dreamers” tendrían derecho a solicitar una residencia permanente “provisional” por un periodo de diez años antes de obtener la “tarjeta verde”, siempre y cuando reúnan requisitos.

Entre esos requisitos, los “Dreamers” deberán demostrar que entraron a EEUU antes de cumplir los 18 años y llevan al menos 4 años en el país; no tienen antecedentes penales; están matriculados en una escuela, o tienen diploma de secundaria o su equivalente, y someterse a una revisión de antecedentes.

Para acortar la espera, los “Dreamers” también podrían optar por el servicio militar durante dos años, tener historial laboral por al menos tres años, o matricularse en la universidad o programa vocacional.

En cambio, los inmigrantes con “TPS” o  “DED” y que han estado en EEUU desde al menos 2016, podrán solicitar de inmediato la “tarjeta verde” y, más adelante,  la ciudadanía.

Pero la legislación llegará al Senado prácticamente muerta, ya que el liderazgo republicano allí se niega a votar medidas migratorias que no tengan el aval de Trump, quien hoy mismo repitió su exigencia de frenar la “invasión” de migrantes en la frontera.

Activistas pro-inmigrantes confían en que el voto de hoy ayudará a galvanizar a los votantes hispanos de cara a los comicios presidenciales de 2020.

“Ya sabemos que lograr que el Senado la apruebe será como trepar el árbol más alto, pero acá lo que vale es que se haga el esfuerzo y los legisladores den la cara sobre este asunto”, explicó una fuente del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, por su sigla en inglés), que pidió el anonimato.

Cumpliendo una promesa electoral de 2016, Trump ordenó desmantelar el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 para los “Dreamers” y el de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para inmigrantes indocumentados de Honduras, El Salvador, Nicaragua, y Haití, entre otros países afectados por conflictos civiles o desastres naturales.

También extendió el «DED» sólo hasta marzo de 2020. 

En octubre de 2018, un tribunal federal frenó el desmantelamiento del “DACA” y el “TPS” para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán -Honduras no alcanzó en una demanda que produjo ese dictamen-, y el Tribunal Supremo ayer mismo rechazó la petición de la Administración Trump de agilizar su decisión sobre la legalidad de DACA.

 

Un soplo de esperanza

Activistas e inmigrantes sondeados por Noticias Telemundo señalaron que la medida dará tranquilidad y certidumbre a quienes han gastado tiempo y dinero sólo en permisos temporales.

La hondureña Miriam Janeth Pineda, abuela de niños nacidos en EEUU, lleva 22 de sus 62 años de edad en este país, y afirmó que los “tepesianos” como ella han pagado impuestos y contribuido al Seguro Social, una inversión a la que no pueden dar la espalda.

Pineda, quien trabajó en fincas bananeras en Honduras, aseguró que no puede regresar a su país, de donde huyó de la violencia y amenazas de muerte por su labor para organizar a los trabajadores.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Joaquín Castro, dijo que la mejor manera de reconocer las contribuciones de los «Dreamers» es «sacándolos del limbo legal».

Pero el legislador republicano por California, Tom McClintock, afirmó que la frontera sur “está colapsando”, que la medida es una “burla a la soberanía y leyes de asilo”, y autoriza “una amnistía amplia” que alienta a otros a “violar nuestras fronteras con impunidad”.

McClintock aseguró que el limbo legal de los «Dreamers» se resolvería “en cuestión de días” si los demócratas incluyeran fondos para la seguridad fronteriza y una reforma del proceso de asilo.

“No creo que este proyecto de ley va a ninguna parte, pero si va es hacia la destrucción del imperio de la ley”, argumentó, por su parte, el legislador republicano por Iowa, Steven King.

La reforma migratoria integral ha sido una tarea inconclusa en el Congreso, y ha resurgido como tema electoral para 2020.

De entre los 24 candidatos presidenciales demócratas en liza, sólo Julián Castro y Beto O´Rourke han presentado un plan migratorio exhaustivo para legalizar a la población indocumentada.

Mientras tanto, Trump apuesta por su retórica de “mano dura” contra los inmigrantes indocumentados y por la construcción de su prometido muro fronterizo para ganar la reelección el próximo año.

La “tepesiana” salvadoreña, Reina Sorto García, que también siguió el voto desde las galerías de la Cámara Baja, destacó la importancia de que la comunidad hispana se mantenga unida en la lucha contra medidas anti-inmigrantes.

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